Cataluña avanza hacia un Pacto Nacional contra el Antigitanismo en el sexto centenario de la presencia gitana
Entidades gitanas y expertos participarán en la primera comisión catalana para hacer frente a la discriminación histórica
El Parlamento de Cataluña ha empezado esta semana los trabajos para elaborar un Pacto Nacional contra el Antigitanismo y para la inclusión del pueblo gitano, una iniciativa considerada histórica por ser la primera vez que se constituye una comisión de este tipo en la Cámara catalana. Esta acción coincide con el año en que se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano en Cataluña.
Los grupos parlamentarios de PSC, Juntos, ERC, PPC, Comunes y CUP-DT, con el apoyo de las entidades del Intergrupo del Pueblo Gitano, han aprobado un plan de trabajo que prevé la participación de hasta 83 comparecientes, incluyendo representantes de entidades gitanas, personas expertas y responsables del Gobierno de varias áreas.
El pacto busca abordar el antigitanisme de manera transversal a las políticas públicas, con especial atención a educación, sanidad, vivienda, trabajo, memoria democrática y preservación de la lengua romaní y del patrimonio cultural gitano.
Simón Montero, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, subrayó la importancia de este paso: “Cinco siglos después, el pueblo gitano vuelve a ser reconocido en el corazón de la democracia catalana, no como objeto de persecución o folclore, sino como sujeto político y ciudadano de pleno derecho”.
Montero agradeció el apoyo de los grupos parlamentarios y de las fuerzas políticas que han hecho posible la creación de la comisión, destacando que este es un paso fundamental en la lucha contra el antigitanismo y cualquier forma de desigualdad o discriminación social.
“La colaboración entre los gitanos y las entidades será determinante para impulsar políticas públicas efectivas, reformas normativas necesarias y una inclusión real del pueblo gitano en la vida institucional y social de Cataluña”, añadió Montero.
Mercedes Porras, presidenta de la Fundación Privada Pere Closa, complementó el mensaje recordando que no se trata solo de buenas intenciones. “El antigitanismo no es una cuestión de sensibilidad social, es una vulneración sistemática de los derechos humanos, y su eliminación es un deber legal y democrático de las instituciones catalanas”, afirmó.
Porras hizo un llamamiento a convertir el pacto en un instrumento de transformación institucional, social y cultural, que garantice el reconocimiento político del pueblo gitano como minoría histórica, así como la reparación simbólica y material de agravios históricos.
“Durante seis siglos hemos resistido persecuciones, expulsiones, marginación y prejuicios”, recordó Porras, “pero con la memoria sola no hay bastante. Ahora es la hora de transformarla en derechos exigibles, leyes y políticas públicas que garanticen que ningún niño o niña gitana crezca pensando que su identidad es un obstáculo”.
Para ella, este pacto tiene que ser un compromiso de país, que transcienda colores políticos e implique instituciones, ayuntamientos, escuelas, medios y sociedad civil, promoviendo dignidad, participación y orgullo gitano.
Las primeras comparecencias con entidades del Intergrupo ya han empezado, marcando el primer paso hacia un pacto que, según los impulsores, tiene que traducirse en cambios reales y vinculantes para el pueblo gitano.
