La Generalitat presenta la Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2036, hoja de ruta para reducir desigualdades y combatir el antigitanismo
El acto institucional, presidido por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, reúne en el Archivo de la Corona de Aragón a los agentes implicados para compartir los principales contenidos y líneas de trabajo de la nueva estrategia.
Después de varias ediciones del Plan Integral del Pueblo Gitano en Catalunya, cuya primera edición se inició en 2005, el Govern da ahora un paso más con la presentación de la Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2036. Veinte años después de aquel primer plan, la Generalitat apuesta por una estrategia ambiciosa y de largo recorrido que quiere consolidar avances, afrontar retos persistentes y reforzar la igualdad real del pueblo gitano.
La nueva estrategia fija el marco de actuación para los próximos diez años y ordena sus medidas en los ámbitos donde persisten más desigualdades y barreras en el acceso a los derechos: educación, empleo, salud, vivienda, servicios sociales, lucha contra el antigitanismo, participación política y cultura, género y asuntos religiosos. El objetivo es avanzar de forma sostenida en la reducción de las brechas sociales y económicas, combatir la discriminación y reforzar la plena participación social, cultural y política del pueblo gitano en Catalunya.
Durante el acto, el director general de Acción Comunitaria e Innovación Social, Jaume Romero, subrayó que, después de cuatro planes integrales, los indicadores siguen mostrando que las mejoras en las condiciones de vida del pueblo gitano no han sido suficientemente significativas. Según señaló, es «precisamente esta constatación la que nos interpela y nos lleva hoy a impulsar esta nueva estrategia, con una ambición renovada y con una voluntad claramente transformadora».
El punto de partida de la Estrategia es la Encuesta de condiciones de vida del pueblo gitano en Catalunya de 2022. El documento pone de manifiesto que, pese a los avances registrados en las últimas décadas, persisten desigualdades estructurales en el acceso y el ejercicio de derechos en ámbitos clave como la educación, el empleo, la vivienda o la salud. El texto señala también que el antigitanismo sigue presente en muchos espacios de la vida social y que esta realidad limita oportunidades y contribuye a cronificar la brecha socioeconómica entre la población gitana y el conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, subraya que estas desigualdades no afectan únicamente a las personas gitanas, sino que también suponen un reto para la cohesión social y la calidad democrática del país.
Sobre esta base, la Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2036 fija cuatro grandes objetivos. El primero es consolidar un modelo de intervención integral e interseccional, combinando políticas universales inclusivas con acciones específicas. El segundo, reducir la brecha socioeconómica entre la población gitana y el conjunto de la sociedad catalana en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y la vivienda. El tercero, erradicar el antigitanismo y la discriminación de forma transversal, reconociéndolos como problemas estructurales. Y el cuarto, promover la participación activa y el reconocimiento cultural, reforzando el liderazgo comunitario, la visibilidad de las mujeres gitanas y la protección de la lengua, la historia y la cultura del pueblo gitano.
Uno de los rasgos que más destaca es que la estrategia se ha elaborado con la participación de la población gitana y de las entidades del movimiento asociativo gitano. Este trabajo conjunto se concretó en un proceso participativo desarrollado entre julio y noviembre de 2025, con 24 sesiones participativas en las que tomaron parte 197 personas, 37 entidades gitanas o con proyectos de atención a la población gitana, 20 departamentos u órganos públicos y 16 ayuntamientos.
La participación, especialmente la del movimiento asociativo gitano, es clave para la nueva estrategia. En este sentido, el documento señala que las políticas públicas que afectan al pueblo gitano deben contar con su participación activa, y que la implicación de las entidades y de los liderazgos gitanos en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas es imprescindible para garantizar su eficacia y legitimidad.
En este sentido, Jaume Romero subrayó que «esta estrategia no es un documento que hemos hecho desde los despachos, sino desde el territorio, desde la experiencia vivida y desde la voluntad compartida de transformar realidades. Esto nos honra pero también nos compromete».
La estrategia remarca, además, que esta participación no se limita a la fase de definición de las acciones, sino que se proyecta también en su despliegue y seguimiento. El documento explica que la metodología se basa en un modelo de gobernanza compartida y transversal, con implicación de departamentos de la Generalitat, administraciones locales, entidades del tercer sector y el movimiento asociativo gitano, para asegurar coherencia, coordinación y complementariedad en las actuaciones.
La estrategia incorpora también instrumentos de seguimiento y evaluación para que el documento no quede en una declaración de intenciones. Entre ellos, plantea la creación de un Observatorio del Pueblo Gitano y la realización de una nueva encuesta de condiciones de vida a medio plazo, hacia 2030 o 2031, con el objetivo de medir avances, reorientar actuaciones y ajustar prioridades durante la vigencia del plan.
Precisamente, Tatiana Font, jefa de la Unidad del Pueblo Gitano, situó el impacto de la estrategia en su capacidad de traducirse en resultados medibles a medio y largo plazo. Según señaló, el objetivo es que los indicadores fijados puedan cumplirse y que el documento no se convierta en una política más sin recorrido efectivo. En este sentido, destacó la creación del Observatorio del Pueblo Gitano como una de las piezas clave del despliegue, en la medida en que debe permitir hacer un seguimiento más eficaz de las acciones, persistir en su evaluación y monitorizar su evolución.
En la clausura del acto, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, defendió que la nueva estrategia responde a una situación de exclusión estructural que no se puede normalizar. Recordó que «el 60% de los hogares gitanos viven con privación material» y que «la tasa de abandono escolar es del 65%, seis veces superior a la media de la población», concluyendo que se trata «de una situación de exclusión estructural que no es aceptable en pleno siglo XXI y por eso necesitamos esta estrategia que hoy presentamos».
La consellera también remarcó que la nueva estrategia supone un punto de inflexión en las políticas públicas dirigidas al pueblo gitano. Tal como señaló, «hoy lo que hacemos es también un cambio de paradigma. Pasamos de los planes integrales puntuales a una verdadera estrategia estable, transversal y de largo plazo para abordar los retos de la población y del pueblo gitano de la próxima década». Martínez Bravo añadió que este paso se refuerza con la aprobación de la estrategia por acuerdo de Govern y con recursos adicionales para garantizar su despliegue.
Ahora, los siguientes pasos, según explica Tatiana Font, serán volver a sentarse con los departamentos implicados para activar las actuaciones pactadas y empezar su despliegue antes de que acabe el año. Aunque muchas de las líneas de trabajo ya se han empezado a negociar o dibujar en paralelo, Font defiende la necesidad de priorizar al menos una acción por ámbito para avanzar de manera realista y efectiva en los próximos meses.
En este horizonte, Font defiende que la estrategia debe ayudar a avanzar hacia escenarios de equidad real. Tal como señala, «al final, el impacto de cualquier política pública destinada a la población gitana es llegar a un nivel de equidad y que no tengamos o sigamos teniendo que hablar desde lo anecdótico o desde esa reparación no resuelta». Para la responsable de la Unidad del Pueblo Gitano, ese sería el verdadero indicador de éxito de la nueva estrategia.
