Rromane Siklǒvne aborda en La Mina la segregación residencial como una forma de antigitanismo
La jornada situó la memoria democrática, la historia del barrio y las políticas urbanísticas en el centro del debate sobre justicia y reparación.
La tarde del miércoles 29 de abril, el Espai Cultural Font de La Mina acogió la jornada ‘Memoria democrática, barrio y comunidad: el caso de La Mina’, organizada por Rromane Siklǒvne en el marco del proyecto Jekhipe. El encuentro forma parte de las acciones que la entidad desarrolla para promover las posibilidades que ofrecen las políticas de memoria democrática en el abordaje del antigitanismo, en este caso en relación a la historia de segregación residencial de la población gitana,
Cuando hablamos de memoria democrática o histórica, muchas veces pensamos en conflictos bélicos, dictaduras, represión política o en fechas concretas que nos recuerdan determinados episodios de la historia, pero frecuentemente olvidamos a colectivos que fueron represaliados, como el pueblo gitano. Y cuando el pueblo gitano sí forma parte, se tiende a tratar desde el prisma mayoritario, olvidando aspectos de la represión exclusivos con la población gitana, como es el fenómeno de la segregación residencial. Así lo explicó Pedro Caermeiro, presidente de Rromane Siklǒvne en la inauguración del acto.
Y es que la segregación física ha sido una de las herramientas que el Estado ha aplicado, a lo largo de la historia, para controlar a la población gitana. Primero fue el establecimiento de los municipios y barrios donde podían residir y del número de familias que podían establecerse; a lo que se deben añadir las trabas para dificultar la movilidad geográfica de gitanos y gitanas.
Sin embargo, fue durante la dictadura franquista cuando se aplicaron las medidas más segregadoras de la población gitana. El éxodo de las zonas rurales a las grandes ciudades provocó, en ciudades como Barcelona, el nacimiento de muchos asentamientos chabolistas. Y mientras las políticas de urbanización y vivienda del Estado facilitaron que muchas familias fueran accediendo progresivamente a viviendas sociales o a soluciones transitorias de realojo, la población gitana fue tratada de manera diferenciada y discriminatoria. A menudo quedó relegada a los márgenes de las ciudades, abandonada en los propios asentamientos, concentrada en alojamientos provisionales, expulsada de los centros de las ciudades donde históricamente habían vivido o reubicada en polígonos periféricos con graves déficits de servicios, transporte, equipamientos y oportunidades.
Nacen así barrios como La Mina en Sant Adrià del Besós son fruto de aquella política basada en la voluntad de segregar a la población gitana y alejarlas del dinamismo económico, social y cultural por el que muchas familias habían emigrado a las grandes ciudades. Y es precisamente, en estos barrios segregados generados durante el franquismo, incluso algunos en el periodo democrático, donde se reproducen los principales efectos del antigitanismo: dificultad de acceso al empleo, segregación escolar y menor continuidad educativa, precariedad habitacional, peor acceso a la salud y a los servicios públicos, sobreexposición al estigma social y policial, y una desigualdad estructural que sigue limitando la plena participación del pueblo gitano en condiciones de igualdad.
Tras la introducción del contexto de la jornada por parte de Casermeiro, tomó la palabra Andrés Pozo, regidor de Cultura y Memoria Democrática, quien destacó la necesidad de situar la memoria del pueblo gitano y la historia del barrio en el centro de las políticas de memoria democrática. En su intervención, Pozo defendió la memoria democrática como una herramienta cívica para comprender las causas de la desigualdad y la exclusión, y reivindicó la necesidad de reconocer la dignidad y la historia de quienes habitaron los márgenes de la ciudad. “La memoria democrática no solo honra a las víctimas de la represión, también rescata las vidas silenciadas de quienes habitaron los márgenes de la gran capital”, concluyó Pozo.
Seguidamente, tuvo lugar la mesa de debate ‘La Mina: del urbanismo franquista a la transformación democrática’, centrada en las condiciones de vida, las infraestructuras y los servicios de los primeros años del barrio, el impacto de los procesos de realojo en la comunidad gitana, los mecanismos que producen y reproducen la segregación residencial, y los retos actuales de la transformación urbana desde una perspectiva de memoria democrática. En la mesa participaron Antonio Pinel, presidente de la Asociación de Vecinos de La Mina; José Antonio Gras, regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs; y María Encarnación Amaya, vecina del barrio que vivió el realojo desde las barracas de Montjuïc, en un diálogo moderado por Francisco Vargas.
La mesa se abrió con la lectura de las cartas elaboradas por jóvenes del barrio durante la sesión previa de la formación, un espacio participativo en el que se trabajó la historia de La Mina a partir de la memoria oral y experiencias presentes. A partir de ese trabajo, las jóvenes imaginaron y escribieron cartas de niños y niñas del pasado dirigidas a su futuro, que es nuestro presente, poniendo voz a deseos tan básicos como tener viviendas dignas, calles limpias, parques, luz, agua, escuelas sin segregación, oportunidades para estudiar y trabajar, y un barrio donde crecer en condiciones de igualdad. Sus textos permitieron contextualizar el debate y situar en un primer plano a las personas que conformaron el barrio y la comunidad a pesar de las intenciones segregadoras del franquismo.
Durante la mesa, Antonio Pinel y María Encarnación Amaya aportaron la memoria vivida del barrio y de los procesos de realojo. Pinel recordó su llegada desde una vivienda en un pueblo de Jaén a las barracas de Casa Antúnez y, posteriormente, a una Mina todavía sin calles asfaltadas, transporte público ni servicios básicos, subrayando que muchas de las mejoras que hoy parecen evidentes fueron fruto de la organización vecinal, las movilizaciones colectivas. Por su parte, Encarnación explicó el impacto emocional y comunitario que supuso dejar las barracas y trasladarse a un barrio vertical para el que nadie les había preparado: la pérdida de formas de vida, redes de trabajo y convivencia, el choque para las personas mayores, la ausencia de acompañamiento institucional y la necesidad de reconstruir comunidad en un entorno marcado por carencias materiales y estigma. Ambos coincidieron en la importancia de recuperar el sentimiento de pertenencia y reforzar la organización vecinal para defender la dignidad del barrio.
Por su parte, José Antonio Gras hizo un repaso histórico a la creación y las sucesivas transformaciones urbanísticas de La Mina desde una perspectiva memorialista, vinculando el urbanismo con la justicia y la reparación de las desigualdades heredadas. El regidor situó el origen del barrio en una lógica de centro y periferia que desplazó y concentró a población vulnerable lejos de Barcelona, en edificios y espacios públicos concebidos sin las condiciones necesarias para una vida digna, y remarcó que “la segregación es la primera causa de la desigualdad”.
En este marco, Gras presentó el nuevo plan de transformación del barrio como una herramienta para corregir parte de los problemas urbanísticos heredados de un pasado que quiso aislar La Mina del conjunto de la ciudad, con actuaciones previstas en vivienda pública protegida, equipamientos, programas sociocomunitarios, apertura del barrio, mejora de los espacios públicos y proyectos simbólicos como la demolición del edificio Venus. Gras señaló que el plan cuenta con una inversión estimada de 113 millones de euros en los próximos años y defendió que la transformación debe evitar cualquier proceso de sustitución vecinal o gentrificación. En este sentido, remarcó que “para eso no basta solo con planes urbanísticos, sino con planes de transformación”, y añadió que el nuevo plan no actúa “únicamente desde el ladrillo”, sino también reforzando el tejido asociativo, las asociaciones culturales y el trabajo sociocomunitario del barrio.
En la clausura de la jornada, Francisco Vargas, regidor del barrio de La Mina y moderador de la mesa, puso en valor la conexión entre pasado, presente y futuro que atravesó todo el encuentro. Vargas subrayó que los testimonios compartidos permitieron comprender no solo cómo se construyó el barrio, sino también cómo se construyeron las vidas, las luchas y la dignidad de quienes lo habitaron. En este sentido, recordó que “la memoria democrática no es solo recordar lo que pasó. Es preguntarnos qué hacemos hoy con todo aquello que pasó”, y cerró su intervención insistiendo en que “el futuro del barrio no se puede construir sin memoria, pero tampoco sin escuchar a sus vecinos y vecinas”.
Por su parte, Tatiana Font, responsable de la Unidad del Pueblo Gitano de la Generalitat de Cataluña, cerró el acto reivindicando la importancia de reconocer las memorias gitanas y vecinales como parte imprescindible de la historia democrática. Font destacó que la jornada había permitido escuchar “voces que no siempre han tenido espacio, voces que no están en los libros de historia, pero que son historia”, y remarcó que la transformación de La Mina no puede ser únicamente urbanística, sino también social, cultural y comunitaria. En su intervención, defendió que la memoria democrática exige pasar del reconocimiento a la acción pública, porque se trata de “recordar para entender y entender para transformar”.
