Diálogos por la Interculturalidad 2025: una llamada colectiva hacia la Ley Integral del Pueblo Gitano
Responsables institucionales y expertos reclaman combatir el antigitanismo estructural y asegurar la igualdad real en todos los ámbitos de la vida mediante una ley específica.
El Palau Macaya volvió a acoger, este 9 de diciembre, una nueva edición de Diálogos por la Interculturalidad, la jornada impulsada por la Fundación Secretariado Gitano (FSG), la Fundación “La Caixa” y el Club de Roma que, desde 2018, se ha convertido en un referente para pensar cómo construimos convivencia, igualdad y democracia en una sociedad plural.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y siguiendo la línea marcada en ediciones previas, el encuentro de este año puso el foco en un nuevo objectivo legislativo: abrir camino hacia una futura Ley Integral del Pueblo Gitano, un instrumento clave para combatir el antigitanismo estructural y garantizar que el pueblo gitano sea reconocido como parte plena de la ciudadanía.
La sesión se inauguró con las intervenciones institucionales de Jaume Lanaspa, del Club de Roma, Francesc Ventura, de la Fundación “La Caixa”, y Sara Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano. Los tres coincidieron en un mensaje central sobre la necesidad de asumir la diversidad como un valor estratégico para garantizar la igualdad de oportunidades y construir una sociedad más cohesionada, reforzando la urgencia de incorporar plenamente al pueblo gitano dentro de la perspectiva intercultural.
La presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, puso el foco en la deuda histórica que España mantiene con el pueblo gitano y en la urgencia de avanzar hacia una legislación que garantice derechos y reparación. Recordó que “nos caracterizan más de 100 pragmáticas antigitanas en nuestras espaldas” y que aún hoy persisten desigualdades estructurales importantes que afectan al acceso a la educación, la vivienda digna o el empleo. “España es un país pionero en la igualdad de las mujeres, de las personas LGTBI o con discapacidad, pero tiene un reto pendiente con el pueblo gitano”, subrayó, defendiendo la necesidad de una ley integral que proteja los derechos individuales y colectivos del pueblo gitano.
El derecho como garantía democrática
Tras la inauguración, tuvo lugar el primer diálogo de la tarde, protagonizado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y figura clave en la defensa de derechos laborales y sociales en España.
Casas abordó el encaje de una ley integral para el pueblo gitano dentro del marco constitucional español, destacando que la igualdad formal que recoge la Constitución no basta para corregir las desigualdades estructurales y la discriminación persistente. La expresidenta del Tribunal Constitucional defendió que una norma de estas características no solo es viable jurídicamente, sino necesaria para garantizar la igualdad real, reforzar la protección frente al antigitanismo y reconocer la diversidad cultural representada por la población gitana.
Hacia un nuevo enfoque basado en los derechos fundamentales
Uno de los momentos centrales de la jornada llegó con la ponencia de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Patronato de la FSG, quien expuso los argumentos y el sentido de una ley integral para el pueblo gitano.
Fernando Rey contextualizó la propuesta en un momento histórico clave –tras 600 años de presencia gitana en España– y defendió que ha llegado la hora de dejar atrás “una fase de caridad pública” para avanzar hacia un modelo basado en la justicia y los derechos fundamentales. Recordó que la población gitana “sigue padeciendo un déficit de ciudadanía” y que la discriminación en ámbitos como la educación, la vivienda o el empleo continúa situando a muchas personas “aisladas y sin voz en la vida política y social”.
El jurista argumentó que una ley integral permitiría introducir la igualdad de los gitanos en la agenda política y “pasar del paternalismo a los derechos fundamentales”, garantizando políticas públicas sostenidas sin depender de la sensibilidad del gobierno de turno. Además, subrayó que esta ley debe asegurar el reconocimiento cultural, incorporar un enfoque de género y promover la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad. En sus palabras, se trata de “una iniciativa sensata, equilibrada, audaz y necesaria para responder a una injusticia histórica”.
Entre el reconocimiento y la convivencia
Tras la intervención de Fernando Rey, tuvo lugar la mesa «Entre el reconocimiento y la convivencia», moderada por la periodista Patrícia Plaja, con la participación de Meritxell Batet, expresidenta del Congreso, Pastora Filigrana, abogada y activista por los derechos humanos, y Luis Cayo, presidente del CERMI.
La conversación permitió aterrizar el debate sobre la futura ley integral en el plano político, social y jurídico, analizando cómo una norma de estas características puede reforzar la igualdad real del pueblo gitano y combatir las múltiples barreras que aún persisten.
Uno de los mensajes principales fue la necesidad de un cambio de enfoque: superar el modelo que ha centrado históricamente las políticas en la inclusión socioeconómica para abordar de manera estructural el antigitanismo, su dimensión institucional y sus raíces históricas. Para los tres ponentes, la ley debe reconocer plenamente la identidad y la cultura gitana, garantizar la representación y la participación, y distribuir de manera justa las responsabilidades, dejando atrás la idea de que la carga del progreso recae exclusivamente sobre las personas gitanas.
El debate también enfatizó la importancia de crear una narrativa social compartida que trascienda al propio colectivo gitano, y de tejer alianzas amplias con otros movimientos sociales. Se reclamó la implicación activa de la política, la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación para desmontar prejuicios, combatir los discursos de odio –especialmente en redes sociales– y reforzar la democracia desde una perspectiva intercultural. La ley integral, coincidieron, solo podrá prosperar si se construye sobre el consenso y la convicción social de que avanzar en derechos para el pueblo gitano es también avanzar como país.
Una clausura que proyecta el compromiso institucional
La encargada de clausurar la jornada fue Gina Pol, Secretaria de Igualdad de Oportunidades del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya . Pol recordó dos iniciativas culturales que están reforzando una narrativa compartida con el conjunto de la sociedad: la exposición del Baró Estardipé, actualmente en itinerancia por Catalunya, y la exposición El poble gitano de Catalunya: història i cultura organitzada del Museu d’Història de Catalunya. Reivindicó que en Catalunya existe “un contexto lleno de oportunidades”, con normativas sectoriales en el Parlament y la Comisión contra el Antigitanismo llamada a marcar las pautas de acción en política pública.
La secretaria destacó también herramientas en marcha como la estrategia para el pueblo gitano que impulsa el Departament de Drets Socials, con una visión de diez años y con la participación de voces gitanas de toda Catalunya. Subrayó que la discriminación es estructural y profunda, recordando que las principales denuncias que llegan a la Oficina de Igualtat de Tracte tienen que ver con el racismo. Aun así, Pol insistió en que “con las leyes nos quedamos cortas”, defendiendo la necesidad de planes de ejecución, de trabajo interdepartamental y de “mucha complicidad entre todos los agentes”.
