II Congreso sobre Delitos de Odio y Discriminación

II Congreso sobre Delitos de Odio y Discriminación

Los días 26, 27 y 28 de enero de 2021 se celebró vía online el II Congreso sobre delitos de odio y discriminación, organizado por la federación de asociaciones Kamira dentro del proyecto europeo DiscriKamira, un encuentro moderado por Carmen Santiago, presidenta de la entidad.

El congreso trató en profundidad, desde distintas perspectivas, cómo combatir la discriminación y los delitos de odio contra la población gitana y otros colectivos vulnerables, y cómo favorecer la lucha por los derechos fundamentales, como la igualdad y la libertad de expresión, buscando herramientas para romper con la reproducción de estereotipos y prejuicios.

Durante la primera jornada se abordó la discriminación de la población gitana desde la perspectiva política y contó con la participación de Elena Arce, asesora responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España y las diputadas en el Congreso español Beatriz Carrillo, Sara Giménez e Ismael Cortés.

Arce hacía una reflexión sobre el rol de la oficina del Defensor del Pueblo, que desde el año 2013 tiene un apartado especial para la comunidad gitana, que presenta cada año en las Cortes Generales el informe anual, dando cuenta sobre las quejas principales. Del mismo modo destacó que la mayoría de delitos hacia la comunidad gitana no son denunciados.

Carmen Santiago habló de los casos en Finlandia e Italia, que también forman parte de este proyecto, donde las organizaciones que trabajan con población romaní inciden en la importancia de políticas y leyes específicas que los amparen. Del mismo modo destacó la necesidad de denunciar y visibilizar la persecución sufrida por la población romaní.

La comunidad gitana como sujeto político

La voluntad política de resolver e incorporar los asuntos gitanos en la agenda pública ha supuesto un nuevo reto en el estado español con la incorporación de diputadas gitanas de distinto signo político, mostrando un avance positivo para poder luchar y defender los derechos de la comunidad gitana, justo donde hay que hacerlo, en la sede donde reside la soberanía del pueblo español, tal y como afirmaba Beatriz Carrillo.

Del mismo modo, ponía de manifiesto Ismael Cortés que “sin lugar a dudas la sociedad civil es el fundamento de la democracia” y la importancia del rol de ésta y su influencia en la vida pública. Asimismo, destacó la necesidad específica de hablar sobre los delitos de odio y todo lo que engloba una agresión no verbal y simbólica ya que es el germen de delitos y acciones más graves.

El desarrollo de la futura ley de discriminación pivota en el acceso al ejercicio de los derechos y libertades por parte de ciudadanos gitanos para poder esquivar obstáculos en la discriminación que sufren en la vida cotidiana, resaltaba Sara Giménez, sobre todo para que no se quede únicamente en una proclama legislativa llena de buenas intenciones, si no que exista un marco sancionador con respaldo jurídico.    

Aspectos jurídicos

Durante la segunda jornada se trataron los aspectos jurídicos en los procedimientos de delitos de odio y la discriminación y comportamientos en redes sociales. Raquel Muñoz, fiscal de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Madrid y Miguel Ángel Aguilar García, fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Barcelona, abrieron el debate sobre los conceptos generales y los discursos de delitos de odio, donde ambos expusieron los instrumentos jurídicos con los que se cuentan, aunque su visualización no ha llegado hasta los niveles necesarios, por ello subrayaban el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para elevar la voz.

Destacaron los motivos de discriminación en las leyes y los agravantes del código penal, donde se aglutinan distintos comportamientos. Aguilar recalcó la complejidad de penalizar discursos, ya que entran en juego conflictos importantes como derechos constitucionales como la libertad de expresión y aspectos jurídicos fundamentales como el principio de igualdad y la dignidad personal.

Ambos expusieron la facilidad de propagación del odio a través de Internet y redes sociales, sobre todo cuando es fácil la impunidad, por la imposibilidad de investigar todo lo que sucede en las redes y por la expansión de perfiles falsos. Por desgracia el colectivo gitano es una de las minorías étnicas que siempre están en la diana de grupos vinculados al radicalismo y extremismo ideológico, a veces respaldados por determinados grupos políticos con representación parlamentaria.

Con respecto al marco normativo destacaron el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, el Convenio europeo de derechos humanos de 1950 y la Convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1995, esta última más concreta ya que habla de leyes punibles.

La segunda mesa de la tarde expuso de forma exhaustiva la discriminación en redes sociales, ciber-odio, así como el protocolo de la Policía Nacional sobre delitos de odio, contando con la participación de Ostalinda Maya, gerente de proyectos para el Empoderamiento Legal del Pueblo Romaní en Open Society Foundations, Roberto Valverde, Fiscal Delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Barcelona y el jefe de la Oficina Nacional de Delitos de Odio Carlos Moran.

Una de las labores esenciales es transmitir confianza desde las autoridades hacia las víctimas y hacer un uso efectivo de las herramientas disponibles, tal y como afirmaba Morán.

Ostalinda Maya habló sobre la importancia de la ley europea de servicios digitales, que pretende garantizar un elevado nivel de protección a todos los usuarios, con independencia del lugar donde residan en la UE, que ayudará a los estados a identificar y establecer mejores protocolos para luchar contra los delitos de odio online.

Esta propuesta está aun sujeta a cambio, con consultas a la sociedad civil con el fin de influenciar en su contenido, además se trata de una regulación, no una directiva, por lo que tendrá aplicación directa en España una vez entre en vigor, así como en el resto de la UE.    

Como cierre durante la última jornada, se debatió sobre las herramientas legales para combatir la discriminación y las herramientas al alcance de la sociedad civil para abordarla, así como la posición de los medios de comunicación ante esta situación.

Durante la mesa se presentó la Guía rápida de delitos de odio por antigitanismo, de la mano de Rosario Alises, del Ilustre Colegio de abogados de Málaga.

Otros profesionales de distintos movimientos de lucha contra la discriminación como Mikel Araguás de SOS Racismo y Cristina de la Serna, de la Fundación Secretariado Gitano, también compartieron sus perspectivas sobre el trabajo realizado hasta ahora, principalmente sobre los tipos de casos encontrados de discriminación como el acceso a la vivienda, racismo institucional, discriminación laboral, abusos de las fuerzas de seguridad y otros conflictos y agresiones racistas.

Los medios de comunicación

La segunda parte, y como cierre final del congreso, contó con la participación de profesionales de la comunicación como el periodista Fernando Garea del Confidencial, Sebastián Porras de la Fundación Privada Pere Closa, Iñaki Vázquez del proyecto Romaní Pativ y Carme Figueras vocal del Consejo audiovisual de Cataluña.

Durante esta mesa se mostraron distintos ejemplos y perspectivas que se han entendido como delitos de odio y la forma en que se desvirtúa la protección de colectivos vulnerables ya que la inclusión de determinadas acciones o conductas, reprobables o no, sean catalogadas como delitos de odio, construyen una realidad peligrosa donde tiene cabida casi cualquier cosa, adulterando la verdadera naturaleza de la ley, que es proteger al más débil frente al abuso.

La clausura también contó con la intervención del ex eurodiputado y presidente de la Unión Romaní española, Juan de Dios Ramírez Heredia, que habló sobre la historia del antigitanismo y su evolución hasta nuestros días.

El proyecto Discrikamira es una iniciativa conjunta de Kamira en España y desde Italia por Romni Onlus y desde Finlandia por Helsinky Deaconess Institute, financiada por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea y con la que se busca crear una red europea de abogados especialistas en antidiscriminación y antigitanismo.

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