La Ley, una herramienta contra el antigitanismo. Jornadas de Cultura de la FAGiC

La Ley, una herramienta contra el antigitanismo. Jornadas de Cultura de la FAGiC

El jueves pasado, la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGiC) organizó sus XXVI Jornadas de Cultura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y puso sobre la mesa el papel que la ley tiene para combatir ‘antigitanismo.

Las jornadas de cultura de la FAGiC son, desde hace años, uno de los principales espacios de discusión en Cataluña entorno a la promoción del pueblo gitano y su cultura. Este año, las jornadas han tenido como tema central la ley y la lucha contra el antigitanismo. El lugar elegido para su celebración ha sido la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​el espacio de formación de futuros juristas, abogados, fiscales, jueces o legisladores, todas ellas figuras profesionales que deben tener un papel muy relevante en la lucha contra la discriminación.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo del Dr. Josep Cañabate, coordinador de Comunicación y Promoción del decanato de la Facultad de Derecho, el Sr. Ramón Vílchez, responsable del Programa del Pueblo Gitano y la Innovación Social, y el Sr. Simón Montero, Presidente de la FAGiC. Ramón Vílchez enfatizó la idea de generar políticas públicas “con y para el Pueblo Gitano” y anunció la creación del Instituto Catalán del Pueblo Gitano, “una estructura pública para que el pueblo gitano pueda estar reconocido de manera concreta y realista”.

En su intervención, el presidente de la FAGiC recordó que “la resolución del Parlamento Europeo del 15 de abril de 2015 calificó el antigitanismo como un tipo particular de racismo dirigido contra los gitanos” y denunció “el resurgimiento de movimientos xenófobos, incluso en el seno de la Unión Europea”, indicando que es necesario “el empoderamiento de los gitanos y las gitanas para que denuncien los casos de discriminación y aprovechamos al máximo los instrumentos legales que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición para la defensa de nuestros derechos fundamentales”.

 

Los gitanos no denuncian los casos de discriminación sufridos

Una de las conclusiones más escuchadas durante las jornadas, por parte de los diferentes de los ponentes, fue el hecho de que los gitanos no suelen denunciar los casos de discriminación que sufren. Noemí Fernández, responsable del Servicio de Asistencia Jurídica de la FAGiC, hizo un repaso a la historia de represión institucional vivida por el Pueblo Gitano con más de 200 pragmáticas y leyes dirigidas contra su cultura, para concluir que el sentimiento del Pueblo Gitano hacia las instituciones es de “miedo y desconfianza por todo el sufrido”, lo que explica la poca predisposición de gitanos y gitanas a acudir a las autoridades para denunciar casos de discriminación. A esto hay que sumarle las poquísimas condenas favorables a víctimas de racismo en España.

Pedro Vargas, técnico del Servicio de Asistencia Jurídica la FAGiC, introdujo los principales derechos que establece la Constitución española y que frecuentemente son vulnerados en la población gitana, como lo son el derecho a la igualdad y el derecho al honor. Vargas también expuso el caso de Violeta Friedman como referencia para la lucha contra el antigitanismo. Violeta Friedaman, una ciudadana de origen judío vio infringido su derecho al honor por las declaraciones de un ex general nazi negando la existencia del Holocausto y, aunque en una primera instancia no le fue reconocida la legitimidad para demandar de manera individual, en base a la vulneración del honor de un colectivo entero, el Tribunal Constitucional terminó por reconocer su legitimidad activa con el objeto de impedir manifestaciones de carácter xenófobo y racista a la España.

El desenfoque de la ley de delitos de odio

Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal de la UAB, manifestó sus discrepancias con la última reforma de la ley de delitos de odio del año 2015 ya que, según él, la reforma desenfoca el hecho constitutivo de delito y sobrecarga las fiscalías con denuncias que poco tienen que ver con la discriminación. “En el Código Penal no deberían existir el delitos de odio, deberían llamarse delitos de discriminación, porque la discriminación es lo que afecta de manera material a colectivos diana como el Pueblo Gitano. La propia expresión ‘delitos de odio’ es preocupante ya que desenfoca el tema. Están llegando a las fiscalías especializadas en los delitos de odio muchas denuncias o informaciones de asuntos que tienen que ver con la lucha ideológica o partidaria y que nada tienen que ver con la discriminación, y esto se produce por el desenfoque en que ha caído el legislador penal en la reforma de 2015”, explicó Fermín Morales.

Además, Morales expresó su preocupación por el hecho de que “un instrumento que debería utilizarse para luchar contra la discriminación, puede quedar desacreditado porque se está utilizando como un arma arrojadiza contra la libertad de expresión”, refiriéndose a casos muy conocidos en los que se ha pretendido argumentar delitos de odio y utilizar la fiscalía especializada para expresiones contrarias a la monarquía o contrarias a determinados cuerpos policiales, cuestiones que según Morales tienen que ver con “conflictos sociales e ideológicos” y que, en ningún caso, constituyen delitos por discriminación.

La necesidad de una ley integral contra el antigitanismo

Iñaki Vázquez, técnico de la plataforma Khetane, presentó el informe Roma Civil Monitor, que evalúa el impacto de la estrategia nacional de inclusión del pueblo gitano por parte de la sociedad civil. Uno de los puntos recogidos en el informe es el antigitanismo. Iñaki explicó que, paradójicamente, “el antigitanismo no tiene ningún indicador evaluable dentro de la estrategia nacional por lo que no se puede evaluar”. Vázquez también se quejó de “la falta de interés de los actores políticos para abordar este tema”, y es que “el antigitanismo no forma parte del debate político, ni ocupa un lugar central en la agenda de ningún partido”.

Vázquez indicó que “el antigitanismo no es sólo un problema que ataña al Pueblo Gitano, sino que es un fenómeno estructural que afecta a toda la sociedad”, y reclamó la necesidad de elaborar una ley contra el antigitanismo, ya que la ley de delitos de odio no defiende al Pueblo Gitano de las continuas vulneraciones a sus derechos. “Necesitamos que se haga una ley integral para la igualdad y que alguna medida aborde todo lo que no constituye delito pero que forma parte de la discriminación y debe poder abordarse mediante una nueva ley. En el informe describimos como estas acciones forman el grueso más importante de las discriminaciones que sufre el pueblo gitano”, explicó Iñaki.

Por su parte, Ramón Vílchez explicó que el último Plan Integral del Pueblo Gitano de Cataluña recoge “la elaboración de una ley específica contra el antigitanismo” y que, actualmente, ésta se encuentra en situación de estudio por parte del equipo jurídico del departamento, y expresó su confianza en que la ley pueda salir adelante durante el año 2019. De este modo, Cataluña sería la primera comunidad autónoma en aprobar una ley contra el antigitanismo, y se sumaría a la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona que también se encuentra en pleno proceso de elaboración de una medida de gobierno de ámbito local contra el antigitanismo.

 

Sobre el autor

Pedro Casermeiro Pedro Casermeiro
Pedro Casermeiro és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. És membre de la directiva de Rromane Siklǒvne i de la Fundació Privada Pere Closa. Pedro també es formador en llengua romaní i coordinador del “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya”.

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